Contraloría señala que la Defensoría del Pueblo contrató a 2 funcionarios vinculados a APP que no eran idóneos
Conclusiones. Según la Contraloría, la jefa de la Oficina Defensorial en La Libertad, María del Carmen Olórtegui, y el exjefe de Gabinete, Juan Canales, no cumplieron los requisitos. El defensor del Pueblo Josué Gutiérrez dice desconocer el informe.
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Un informe de la Contraloría General de la República concluyó que la Defensoría del Pueblo, que lidera Josué Gutiérrez, contrató de manera irregular a dos funcionarios vinculados a Alianza Para el Progreso (APP). Se trata de María del Carmen Olórtegui, actual jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, y Juan José Canales Durand, exjefe de Gabinete.
La Contraloría observó dos factores: la Defensoría del Pueblo los contrató “a pesar de que no se acreditó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para dichos cargos estructurales”. Y además, señala que ambos mantuvieron su afiliación política activa a APP durante el ejercicio de sus funciones. “Lo que contraviene lo establecido sobre la neutralidad de los servicios públicos”, enfatiza el documento.
“Estos hechos transgredieron lo regulado en la ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y el ejercicio de la función pública”, añadió.
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Defensoría del Pueblo con cuota de APP
El 18 de noviembre del año pasado, Olórtegui fue designada como jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad. Tres semanas antes, la funcionaria había declarado su interés de que el líder de APP, César Acuña, postule a la presidencia en 2026. “Somos muchos los que deseamos que él sea nuestro candidato”, expresó.
La Contraloría sostiene en su informe que la funcionaria no presentó “información que acredite fehaciente y suficientemente el cumplimiento de la experiencia específica en la función o materia de dicho cargo”.
En caso de Canales Durand, él fue designado jefe de Gabinete por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el 19 de junio del año pasado.
Un reportaje de Cuarto Poder de enero de este año reveló que Canales compró un inmueble de 1.200.000 dólares en Jesús María y años después lo puso a nombre del líder de APP, César Acuña. Además, el exfuncionario integra un estudio jurídico junto al secretario general de APP, Luis Valdez.
Al final, el 28 de febrero, Canales renunció a la Defensoría.
La Contraloría había observado que Durand trabajó como Técnico de Migraciones y en la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, pero “no se contaba con un documento que detallara las actividades o funciones en el cargo”.
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“Ni se identificó la misión del puesto y/o su ubicación en alguno de los sistemas administrativos de gestión pública, de modo que permitiera acreditar que estaban vinculados al puesto, por lo tanto, no correspondía validarlas”, añadió el informe del órgano de control.
La otra observación que hizo la Contraloría fue la afiliación político de Olórtegui y Canales a Alianza Para el Progreso.
Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la afiliación de Olórtegui comenzó el 4 de julio del 2023 y terminó el 5 de marzo de este año. Antes estuvo en Fuerza Popular. En caso de Canales, quien ya no se encuentra en la Defensoría del Pueblo, su militancia sigue activa desde el 9 de marzo del 2018.
Ambos ejercieron las funciones para las que fueron designados en la Defensoría siendo afiliados al partido de César Acuña.
La Contraloría enfatiza que eso “contraviene lo establecido en la Directiva N° 002-2019/DP sobre la neutralidad de los servidores públicos que prohíbe la afiliación a partidos políticos para los funcionarios que ocupan cargos de confianza, como es el caso de ambos; no obstante, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano omitió tomar las acciones pertinentes para cautelar el cumplimiento de la Directiva de Neutralidad”.
La Contraloría recomienda que el defensor del Pueblo “realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan”.
La República le preguntó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, qué acciones adoptará, pero respondió que todavía no revisa el informe. “Son recomendaciones que hay que tomar en cuenta. En lo personal, yo soy muy respetuoso. Si hay decisiones importantes, tomo decisiones rápidas”, manifestó.
Gutiérrez insistió en que iba a revisar el documento para brindarnos una respuesta. Al cierre de esta nota, no hubo comunicación.
Piden a la Procuraduría ver este caso
El informe de la Contraloría recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios “dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de control específico”.
El 24 de marzo la jefa del Órgano de Control Institucional de la Defensoría del Pueblo, Ynes Sofía Arriaga, envió el informe de control a la procuradora Yudith Villegas Espinoza para que inicie acciones contra los funcionarios o servidores involucrados.
